A partir de las ocho, los presuntos damnificados por operatorias ilegales con viviendas sociales comenzaron a reunirse por segundo día consecutivo en la plaza Independencia. En varios momentos de la mañana, bloquearon las entradas de la Casa de Gobierno y cortaron el tránsito en la zona. La tensión fue tal que la movilización terminó con una persona aprehendida: según los manifestantes, se trataba de Alejandra, una de las supuestas falsas gestoras.

Hubo redoblantes y bombas de estruendo para expresar el descontento. A diferencia de la manifestación del martes, a la de ayer se sumaron personas que dicen haber sido afectadas en programas de viviendas en Yerba Buena. Hasta aquí sólo se conocían listados de presuntos damnificados de Lomas de Tafí y Manantial Sur.

En vano intentaron que alguien del Gobierno los recibiera. En la reunión que habían mantenido el martes con Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno, se les había aclarado que el Gobierno no podía involucrarse. “Sólo nos dijo que nos puede asesorar con un abogado”, afirmó Maria Eugenia Suárez, una de las afectadas. “Desde el Gobierno no nos van a dar solución. No nos queda otra cosa que ir a las casas. Necesitamos soluciones porque ellos no nos dan esperanza. ¿Dónde está el Gobierno que nos representa?”, cuestionó Suárez.

Una lista extensa

Al promediar la mañana, en la esquina de calles 25 de Mayo y San Martín comenzó a formarse una larga fila en la que dos personas reunían los datos (nombre, número de DNI y celular) de las personas perjudicadas por los presuntos falsos gestores. “Queremos presentar las listas en Casa de Gobierno y juntar toda la gente para ver si podemos recibir una casa o la devolución del dinero”, afirmó Matías Ezequiel Aracina a LA GACETA.

El dato curioso se dio a las 11.15, cuando la directora de la Juventud, Sara Alperovich, intentó ingresar al Palacio Gubernamental por las puertas de San Martín al 500. Se detuvo y dialogó unos minutos con los manifestantes. “No sé lo que está pasando. Voy a entrar para hablar y ver qué se puede hacer”, dijo la hija del ex gobernador José Alperovich.

Los testimonios de personas que dicen haber pagado para acceder a viviendas del Estado a presuntos gestores se multiplicaron. Liliana Ruiz es una de ellas. “Mariana Guardia me recibió los papeles. Ella vive en Los Vallistos. Me pidieron $4.000 el año pasado. Yo sé que no hay gestores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Cuando uno no reúne los requisitos para una casa del IPV, busca otra forma. Yo trabajo en negro ayudando a gente mayor. ¿Cómo pueden saber ellos (el IPV) para comprobar si trabajo y puedo pagar la casa?”, se preguntó.

Gabriela Leguizamón, otra supuesta damnificada, pidió al resto de sus compañeros que se agreguen, con el comprobante que les dieron los presuntos falsos gestores, a una denuncia realizada en la Defensoría del Pueblo.

En medio de la movilización, la Policía se llevó aprehendida a una de las supuestas faltas gestoras. La mujer (identificada como Alejandra) se habría presentado en la plaza para instar a los manifestantes a levantar la protesta. En medio de insultos, la presunta intermediaria fue trasladada por los policías hasta la Comisaría Primera. Desde allí, a la tarde, la llevaron a los tribunales penales, en donde el fiscal Diego López Ávila le tomó declaración y luego solicitó su detención. Según trascendió, en sede judicial Alejandra negó ser una una gestora y habría asegurado que también ella y su familia forman parte de los presuntos estafados.

El fiscal de feria ya tiene más de 30 denuncias que involucran relatos de centenares de casos de personas que dicen haber pagado sumas que van desde los $ 4.000 hasta los $ 100.000 para acceder a cupos de viviendas sociales. Con esos testimonios, el magistrado preparaba anoche una serie de medidas en la causa.